NT: UNA CRISIS DE VIVIENDA QUE INTERPELA AL MODELO DE PAIS

La vivienda en España ha dejado de ser únicamente una preocupación individual para convertirse en uno de los principales desafíos colectivos de nuestro tiempo. Las dificultades de acceso a una vivienda asequible afectan hoy al conjunto de la sociedad española y ninguna comunidad ni territorio permanece ajeno a esta realidad. Los precios de la vivienda crecen desde hace años a un ritmo muy superior al de los salarios, y mientras la oferta disponible resulta claramente insuficiente para responder a la demanda actual, las Administraciones Públicas tampoco disponen de vivienda asequibles para atender las familias vulnerables.

Sin embargo, sería un error interpretar esta situación como una crisis coyuntural o exclusivamente vinculada a la especulación. La realidad es más profunda y compleja. Nos encontramos ante el resultado de décadas de problemas estructurales que no han sido afrontados con la continuidad, la determinación, y la ambición necesaria.

Parte de los desajustes entre la oferta y la demanda, que incrementan los precios de la vivienda en España, están causados por los importantes desequilibrios territoriales que arrastramos desde hace décadas, que han acelerado los movimientos de población hacia las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. La concentración de oportunidades laborales, servicios e infraestructuras ha impulsado un modelo que vacía progresivamente amplias zonas del territorio y tensiona, al mismo tiempo, el mercado residencial urbano. Esta dinámica alimenta una doble fractura: encarece la vivienda en las grandes ciudades y agrava la despoblación en muchas ciudades medias y municipios rurales.

Paradójicamente, las ciudades medias representan hoy un modelo de calidad de vida que las grandes capitales europeas intentan recuperar bajo el concepto de la “ciudad de los quince minutos”: entornos más accesibles, sostenibles y equilibrados, donde vivienda, empleo y servicios pueden convivir de manera armónica. Y, a pesar de ello, no son capaces de retener talento. Ya no es suficiente con ofrecer calidad de vida, hay que ofrecer expectativas de futuro. Apostar por estos territorios no es únicamente una cuestión de cohesión social o equilibrio demográfico; es también una estrategia imprescindible para aliviar la presión sobre los mercados urbanos más saturados.

A esta realidad se suma un segundo problema estructural: la debilidad actual del sector de la construcción. Tras la crisis de 2008, España optó por rescatar al sistema financiero, pero dejó caer gran parte del tejido productivo vinculado a la construcción. Se perdieron alrededor de un millón de puestos de trabajo y una parte importante de esa mano de obra nunca regresó al sector. Las consecuencias siguen siendo visibles hoy. Si, en 2006, existía capacidad para construir hasta 600.000 viviendas al año, actualmente apenas se alcanzan unas 125.000, cifra claramente insuficiente frente a una demanda estimada cercana a las 250.000 viviendas anuales.

Esto significa que, incluso existiendo voluntad inversora y necesidad social, el sector carece en estos momentos de capacidad suficiente para responder con rapidez. Recuperar esa capacidad productiva exige tiempo, planificación y una apuesta decidida por la formación, la dignificación y el apoyo a las estructuras empresariales que sostienen a los oficios de la construcción, que desaparecen sin conseguir remplazo.

El tercer gran factor que explica la gravedad de la situación es la insuficiencia del parque de vivienda protegida y pública. Durante más de dos décadas, España abandonó en gran medida una política sostenida de construcción de vivienda asequible. No solo se redujo drásticamente la promoción de vivienda protegida, sino que muchas de las existentes perdieron su calificación y pasaron al mercado libre. El resultado es evidente: el esfuerzo realizado por generaciones anteriores para construir un parque residencial capaz de influir en el mercado, atenuando los precios de la vivienda y atendiendo a los más vulnerables, prácticamente desapareció.

Actualmente, España cuenta con apenas un 3 % de vivienda protegida de la que alrededor de un 2 % es vivienda pública, cifras muy alejadas de la media europea, situada en torno al 9 % de vivienda social. Reconstruir ese parque residencial es una necesidad estratégica y social. Por ello, resulta especialmente relevante avanzar hacia modelos que garanticen la permanencia de la vivienda protegida en el tiempo, evitando que vuelva a diluirse en el mercado libre. Iniciativas como la apuesta por la calificación permanente contemplada en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 representan un paso importante en esa dirección y cuentan, además, con un amplio consenso en el sector.

La dimensión de esta crisis obliga a asumir que no existen soluciones inmediatas ni únicas. Las medidas que se adopten deben responder a un diagnóstico riguroso y particularizado para cada territorio y combinar respuestas a corto plazo con estrategias sostenidas a medio y largo plazo, porque los problemas de fondo que nos han llevado a esta situación sólo se resuelven implantando desde ahora medidas cuyos impactos se percibirán a medio y largo plazo.

Es necesario actuar allí donde hoy se concentra la demanda, pero también impulsar políticas que permitan redistribuir oportunidades, generar actividad económica y reforzar el atractivo de las ciudades medias y del ámbito rural. Invertir en la regeneración urbana, económica y social de estos territorios debe entenderse como una política integral de país. No solo porque mejora la calidad de vida de las personas, sino porque contribuye a vertebrar el territorio, preservar el medio natural y proteger nuestro patrimonio histórico y cultural.

España tiene ante sí una oportunidad para transformar una crisis en una palanca de cambio. En un contexto internacional marcado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y laborales, es fundamental identificar las oportunidades que permitan construir un modelo territorial y residencial más equilibrado, sostenible y justo.

La vivienda no puede seguir abordándose únicamente desde la urgencia o desde una lógica reactiva. Debe convertirse en una auténtica política de Estado, sostenida en el tiempo y orientada al interés general. Porque garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible y de calidad no es solo una cuestión económica: es una condición esencial para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestro país.