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La vivienda necesita consenso político y soluciones estables a largo plazo
Susana Moreno Falero es decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE), que integra las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. En un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda y la transformación del sector de la edificación, analiza los principales retos del momento.
El Consejo de Ministros aprobó recientemente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. ¿Es el plan que necesita España para afrontar la crisis de vivienda?
La aprobación del Plan Estatal de Vivienda es una buena noticia. Supone movilizar 7.000 millones de euros de recursos públicos para intervenir en el mercado residencial. Sin embargo, sería ingenuo pensar que un único plan, con una vigencia limitada de cuatro años, pueda resolver por sí solo una crisis tan compleja. El problema de la vivienda tiene raíces profundas y requiere medidas transversales, adaptadas a las necesidades de cada territorio.
El nuevo plan apuesta por aumentar la oferta de vivienda asequible. ¿Son suficientes las medidas previstas?
El Plan Estatal de Vivienda aborda el problema desde múltiples ámbitos de actuación. Impulsa el incremento de vivienda asequible y el parque público residencial; apuesta tanto por la obra nueva como por la rehabilitación; combina promoción pública y colaboración público-privada; en propiedad y en alquiler; e incorpora nuevas formas de tenencia y convivencia. Esta diversidad de iniciativas amplía el alcance del Plan y, por tanto, sus posibilidades de éxito, aunque éste dependerá finalmente de los acuerdos que se alcancen con las comunidades autónomas los próximos meses, sobre este marco definido previamente, en un contexto político excesivamente polarizado.
Desde los colegios profesionales se insiste en agilizar los procesos urbanísticos. ¿Qué reformas considera prioritarias?
La agilización administrativa es una de las medidas que más rápidamente podrían aumentar la oferta de vivienda. Es necesario reducir los tiempos tanto en la concesión de licencias de obra como en los procesos urbanísticos para generar suelo edificable. Para ello necesitamos una regulación más coordinada y eficiente, eliminar el exceso normativo sin perder garantías jurídicas y más recursos para las administraciones. Pero, sobre todo, hacen falta procedimientos internos más ágiles, transparencia, coordinación y en general, mejor capacidad de gestión.
La rehabilitación energética sigue siendo uno de los grandes retos del parque residencial español. ¿Por qué cuesta tanto que las ayudas lleguen a las comunidades de propietarios?
En 2025 se rehabilitaron 55.000 viviendas el doble que en 2019 gracias a las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Esta experiencia ha creado una dinámica positiva de rehabilitación que no deberíamos perder. El problema es que las trabas burocráticas y administrativas han ralentizado los procesos. Los retrasos en aprobar ayudas y licencias, los cambios de criterio y la falta de mano de obra especializada están poniendo en riesgo muchas actuaciones y esto puede generar problemas económicos tanto a las comunidades
de propietarios, como a los profesionales implicados. Si las ayudas no llegarán finalmente, se puede perder la confianza ciudadana en futuros programas de ayudas. Algunas comunidades autónomas ya estudian medidas para evitar que nadie quede fuera, aunque todavía está por ver cómo se concretarán.
¿Qué papel juegan los arquitectos en la transformación hacia una vivienda más sostenible y accesible?
Los arquitectos llevamos años trabajando en edificios más sostenibles, inclusivos y eficientes. Actualmente avanzamos hacia modelos de vivienda más flexibles, igualitarios y adaptables a las distintas etapas de la vida. La arquitectura no solo responde a las necesidades que demanda la sociedad, también investiga y puede anticiparse para ayudar para transformar la manera en que vivimos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.
En los últimos años se habla mucho de industrialización de la construcción. ¿Está preparado el sector para ese cambio?
La construcción industrializada todavía representa una parte pequeña del sector, pero ese está trabajando para que gane peso, lo que nos permitiría mejorar la trazabilidad de los materiales, avanzar en sostenibilidad y atraer nueva mano de obra especializada, entre otros. El Estado está apostando por la industrialización del sector de la construcción a través del PERTE y de las ayudas previstas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Pero tampoco podemos dejar atrás a la construcción tradicional porque seguirá siendo imprescindible. Tras la crisis de 2008 la construcción tradicional perdió gran parte de su tejido productivo y actualmente no tiene capacidad suficiente para atender el fuerte incremento de oferta de vivienda que nos demanda el mercado para superar la crisis. Debemos trabajar para impulsar ambos tipos de construcción si queremos obtener resultados.
Existe preocupación por la pérdida de calidad arquitectónica en algunas promociones. ¿Se está priorizando la rapidez frente a la habitabilidad?
El riesgo existe y es una de nuestras preocupaciones, por eso el CSCAE elaboró el “Documento de diagnóstico y propuestas para resolver la crisis de la vivienda en España” que presentamos el año pasado. Estamos convencidos de que ni la infravivienda, ni la generalización de modelos repetitivos de viviendas estandarizadas, pueden ser la solución al problema de la vivienda, y por eso valoramos positivamente que el nuevo Plan Estatal de Vivienda apueste por la calidad arquitectónica, tanto en obra nueva como en rehabilitación integral. Hablar de calidad arquitectónica es hablar de calidad de vida de las personas.
Como vicepresidenta segunda del CSCAE, ¿qué mensaje trasladaría sobre el futuro de la vivienda en España?
La vivienda es uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y necesita un amplio consenso político y social, basado también en el conocimiento técnico y profesional. La experiencia demuestra que solo las políticas de vivienda estables y mantenidas en el tiempo son capaces de resolver estas crisis y evitar que se repitan en el futuro. Garantizar el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, asequible y de calidad merece ese esfuerzo colectivo.
